Por Ignacio Cloppet
Desde
antaño, es moneda corriente que los Gobiernos que asumen el poder
pretendan cambiar la Corte Suprema de Justicia, ya sea reemplazando a sus
miembros o, como hemos sido testigos, aumentando el número de integrantes del
tribunal. Esto sucede desde que la
Corte fue inaugurada el 18 de octubre de 1862, durante la presidencia de
Bartolomé Mitre, quien supo elegir a destacados juristas, pero con la
particularidad de que algunos de ellos eran afines a su gobierno. Esta práctica se instaló como normal,
como una constante. Es una clara demostración de la injerencia que tiene el
Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial desde su origen; lo que revela la falta
de independencia entre estos dos poderes.
La revolución del 4 de junio de 1943 fue una reacción necesaria para
poner fin a la llamada “Década Infame”, que ejerció el poder en forma
despótica, con fraude y de espaldas a la voluntad popular. En ese momento, la Corte estaba integrada por
5 miembros: Roberto Repetto (nombrado en el gobierno de Marcelo T. de
Alvear), Antonio Sagarna (nombrado por Hipólito Yrigoyen), Benito Nazar
Anchorena y Luis Linares (nombrados por Agustín P. Justo), y Francisco Ramos
Mejía (nombrado por Roberto M. Ortíz). El 1 de julio de 1944 Luis Linares se
jubiló, y el gobierno militar lo reemplazó con Tomás D. Casares, que fue el
único miembro que designó. Esta fue
la integración de la Corte durante el gobierno militar. Denota el respeto que
el régimen de facto tuvo con el Poder Judicial. En ningún momento se le pasó
por la cabeza a los presidentes Ramírez y Farrell, echar mano en la composición
de la Corte. Debemos reconocer que esta
Corte “conservadora”, siguió beneficiando a los poderosos y fue funcional a la
oligarquía. Emitió muchos fallos que irritaron al gobierno, sin
perjuicio de lo cual no promovieron la renuncia de ninguno de sus integrantes. Un dato para destacar es que todos los
miembros nombrados, desde el prestigioso Francisco de las Carreras (primer
presidente de la Corte) en 1862 hasta abril de 1947, renunciaron, se jubilaron
o fallecieron en el ejercicio de sus funciones.
El principal motivo que empleaba el Poder Ejecutivo para la remoción de
los jueces, era la renuncia, que muchas veces forzaba, y de ese modo eludía las
herramientas normativas prescriptas en la Constitución.
El 24 de febrero la fórmula Perón-Quijano
ganó las elecciones; y el 4 de junio de 1946 Perón asumió como presidente
constitucional. En nuestro país comenzaba una nueva etapa que iba
producir cambios sustanciales. El
Peronismo se instaló para poner fin a la Argentina liberal y oligárquica. Entre
los muchos proyectos y planes delineados, estaba la reforma de la
Justicia. Perón sabía muy bien que para lograr su objetivo necesitaba
una Corte con jueces que estuvieran a la altura de las transformaciones
sociales, políticas y económicas. Algo que no se podía esperar de la Corte
“conservadora”. Por lo pronto, en su
discurso pronunciado el 4 de junio de 1946, ante la Asamblea Legislativa, Perón
se refirió a la Justicia: “Pongo el espíritu de justicia por encima del
Poder Judicial, que es requisito indispensable para la prosperidad de las
naciones; pero entiendo que la justicia, además de independiente, ha de ser
eficaz, y que no puede ser eficaz si sus ideas y sus conceptos no marchan al
compás del sentimiento público. Muchos alaban en los tribunales de justicia su
sentimiento conservador, entiendo por ello que defienden lo tradicional por el
sólo hecho de serlo. Lo considero un error peligroso, tanto porque puede poner
en opresión a la justicia con el sentimiento popular, cuanto porque a la larga
produce un organismo anquilosado. La justicia, en sus doctrinas, ha de ser
dinámica y no estática. De otro modo se frustran los anhelos populares y se
entorpece el desenvolvimiento social con graves perjuicios para las clases
obreras. Estas, que son naturalmente, las menos conservadoras en el sentido
usual de la palabra, al ver como se les cierran los caminos del derecho, no
tienen más remedio que poner su fe en los procedimientos de la violencia”. Estas
palabras, cargadas de un sentimiento de justicia más inclusiva, son las que
provocaron un punto de inflexión entre el gobierno de Perón y la Corte. El
ministro de Justicia e Instrucción Pública designado por Perón fue Belisario
Gaché Pirán, un hombre de su confianza. Teniendo
en cuenta estas circunstancias, el presidente de la Cámara de Diputados,
Ricardo C. Guardo, instruyó al diputado nacional Rodolfo A. Decker a que
promueva el pedido de juicio político -el 8 de julio de 1946- contra cuatro
miembros de la Corte: Sagarna, Nazar Anchorena, Ramos Mejía y Repetto
(presidente del Tribunal), y también contra el procurador general Juan Álvarez.
El único que quedó exento del procedimiento constitucional fue Tomás D.
Casares, que había sido nombrado por el presidente Farrell en 1944, y que desde
la primera hora adhirió al Peronismo. El
29 de agosto de 1946, la Cámara de Diputados aprobó oficialmente el pedido de
juicio político. El proceso fue llevado a cabo ante el Senado de la
Nación, conforme lo prescribe la Constitución.
La Comisión acusadora estaba integrada por los diputados nacionales
Rodolfo A. Decker, José E. Visca, Raúl Bustos Fierro, Eduardo Beretta y Alcídes
Montiel. En octubre de 1946 enviaron al Senado los fundamentos de la acusación,
que dividieron en dos capítulos, donde se les imputaba: (i) abuso de autoridad
y violación de los deberes de funcionario público; y (ii) mal desempeño del
cargo (artículo 45 de la Constitución). Los
antecedentes que se ponderaron fueron: los fallos de los jueces; las opiniones
de dos destacados académicos: Daniel Antokoletz y Vicente Gallo; y denuncias de
abogados de la matrícula y de asociaciones de profesionales. Los magistrados Sagarna, Nazar Anchorena
y Ramos Mejía, fueron declarados culpables el 30 de abril de 1947 (artículo 52
de la Constitución Nacional), por mayoría de los dos tercios de los miembros
del Senado por nueve cargos, y por mayoría absoluta con relación a tres
cargos. Al procurador Álvarez se lo declaró también culpable por
actuar en política en el ejercicio de su cargo, y por haber aceptado formar
parte de un gobierno en octubre de 1945. Es de destacar que el juez Repetto,
que había iniciado los trámites de jubilación en abril de 1946, presentó su
renuncia antes de la sentencia. Los
argumentos centrales de la condena fueron la Acordada del 9 de septiembre de
1930, dictada tres días después del golpe militar de Uriburu, donde la Corte
había legitimado y legitimaría hacia el futuro, todos los golpes de Estado.
Entre los firmantes de la misma estaban Sagarna y Repetto; y la Acordada del 7
de junio de 1943, que remitió a la de 1930, para legitimar el pronunciamiento
militar. De esta forma el gobierno
peronista, si bien promovió un procedimiento que removió de sus cargos a tres
de los jueces de la Corte y al procurador, siguió estrictamente lo que
establece la Constitución Nacional. Finalizado
el juicio político, asumieron como nuevos ministros Felipe Santiago Pérez,
Justo L. Álvarez Rodríguez, Luis Longhi y Rodolfo Valenzuela. El quinto
miembro, Tomás D. Casares, había sido confirmado como ministro de la Corte por
Decreto del 2 de agosto de 1946, previo acuerdo del Senado. Casares se
transformaría en el flamante presidente del nuevo Tribunal. Fue designado
procurador general, Carlos Gabriel Delfino.
Los miembros de esta Corte nombrada por Perón, estaban todos
estrechamente vinculados al Peronismo y eran representantes de su ideario de
justicia. Es evidente, que desde ese momento se modificó la forma de
interpretar la doctrina de la Constitución. Dos años más tarde, sus miembros
fueron Convencionales Constituyentes en la Asamblea que elaboró la reforma
constitucional de 1949. El único cambio
que sufrió la Corte durante el Peronismo, se produjo con el nombramiento de
Atilio Pessagno, que reemplazó a Álvarez Rodríguez, fallecido el 2 de agosto de
1949. En 158 años de historia de la
Corte, 113 jueces la integraron, entre los cuales hubo solamente 3 mujeres.
Además de este juicio político de 1947 que destituyó a 3 magistrados, hubo
otros 2 casos: Eduardo Moliné O’Connor (2003) y el de Antonio Boggiano (2005);
17 cesaron por gobiernos de facto; 5 cesaron por asumir un gobierno
constitucional; 5 se jubilaron, 49 renunciaron y 21 fallecieron. El gobierno militar que derrocó a Perón
clausuró el Congreso Nacional. Por el Decreto 415 del 6 de octubre de 1955,
dejó cesante a los 5 magistrados de la Corte y al procurador general, y nombró
a los nuevos jueces de facto. Fue la
primera vez en la historia que los ministros de la Corte Suprema de Justicia
fueron cesanteados por un Decreto del Poder Ejecutivo, y que fue renovada sin
el procedimiento constitucional. La
“Revolución Libertadora” violó por decreto la independencia del Poder Judicial
y la inamovilidad de los jueces desapareció para siempre. De esta forma se
perdió el respeto por la Constitución.
Además de
las transgresiones a las normas que se impusieron desde 1955, a lo largo de los
años, se produjeron cambios en el número de sus miembros. El primer caso se dio durante el gobierno de
Frondizi, que aumentó de 5 a 7 la cantidad de integrantes. Esa misma
constitución la mantuvieron los otros dos gobiernos radicales (Guido e Illia). Será el caso de otro radical, Raúl Alfonsín, quien tuvo la oportunidad
única de crear su propia Corte, pues venía de un gobierno militar y nombró a
todos los integrantes, quienes respaldaron políticas fundamentales para su
gobierno, particularmente en cuestiones militares y económicas. Quién también aumentó la cantidad de
miembros fue Carlos S. Menem, que elevó de 5 a 9 los integrantes, construyendo
un Tribunal a su medida, conocido bajo el nombre de “mayoría automática”. La
ampliación coadyuvó a que, en la mayor parte de los casos polémicos, los votos
de los nuevos jueces coincidieran con la posición del gobierno. El que vuelve a reducir gradualmente la
cantidad de miembros fue Eduardo Duhalde, y luego los presidentes que lo
sucedieron mantuvieron el mismo criterio hasta llegar a 5. Hay un hecho insólito que ocurrió durante
la presidencia de Macri. Una de sus primeras medidas fue designar en comisión,
a 2 ministros de la Corte por medio del Decreto 83 de fecha 14 de diciembre de
2015, durante el receso legislativo y sin haber convocado a sesión
extraordinaria, por lo tanto, sin acuerdo del Senado. Esta medida fue
criticada por gran parte del arco político, por juristas y constitucionalistas
de renombre, quienes consideraron que constituyó un “grave retroceso
institucional”. En estos días, el
gobierno de Alberto Fernández presentó su proyecto que representa una amplia
reforma judicial. Entre marchas y contramarchas, habría negado pretender
ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, al afirmar:
"Toda mi vida he dicho que el problema de la Corte no está en el número,
con cinco miembros puede funcionar. Lo que sí digo es que así está funcionando
mal. Con cualquiera que usted hable le dice que la Corte está virtualmente
paralizada". Como dijimos
al comienzo, la independencia del Poder Judicial es muy relativa. Prácticamente
nació contaminada desde el vamos y así ha permanecido a lo largo de la
historia. El Poder Ejecutivo siempre ha influenciado directa o
indirectamente en la designación de los jueces en la Corte Suprema y en los
tribunales inferiores. Por ese motivo, nuestra República está tuerta, y que yo
sepa solamente un milagro podría subsanar ese defecto. ¡Alea iacta est!
*El autor
es abogado, miembro de la Academia Argentina de la Historia y autor de “Perón
íntimo. Historias desconocidas”
Con una modalidad y un registro similar, 
