Por Mario Rapoport
El 4 de junio se cumplió un nuevo aniversario
del fallecimiento del general Enrique Mosconi, el principal impulsor en los
años ’20 del siglo pasado de la industria petrolera en la Argentina. El
petróleo había adquirido por esa época una mayor relevancia en la vida
económica y política del país, respondiendo a las necesidades creadas por la
creciente demanda de actividades industriales que habían sobrevivido a la
posguerra y la expansión del mercado automotor. Si en 1922 las toneladas de
petróleo importadas representan el 41% de las de carbón, en 1928 habían pasado
a significar el 53 por ciento. Este movimiento corría en paralelo a la disputa
entre los ferrocarriles ingleses y los automóviles estadounidenses mientras la Argentina dependía cada
vez más del aprovisionamiento externo de ese insumo básico. Por eso el 3 de
julio de 1922, bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, se firmó el decreto que
dio lugar al nacimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Indicios de
la existencia de petróleo en territorio argentino ya se habían tenido en los
años ’60, ’70 y ’80 del siglo XIX en las provincias de Jujuy, Salta y Mendoza,
aunque se reconoce como un hito decisivo el descubrimiento, en 1907, de un
importante yacimiento en Comodoro Rivadavia, lo que comenzó a despertar el
interés del Gobierno nacional, que creó la Dirección General
de Explotación del Petróleo. Mosconi, por su parte, había realizado
misiones militares en Alemania que le permitieron observar las necesidades que
demanda la incursión en un conflicto bélico, y de vuelta en el país, en 1915,
se desempeñó como subdirector general de Arsenales de Guerra, experiencias que
contribuyeron a forjar su pensamiento en la materia. Nombrado director de YPF
bajo el gobierno del presidente Alvear, al asumir el cargo declaró que “la
independencia del año 1810 debe ser integrada con la independencia de nuestros
cañones”. Mosconi, entonces un coronel, representaba un amplio sector del
Ejército que, a contramano de la elite civil y partiendo de las preocupaciones
por el aprovisionamiento de armamento y la disponibilidad del combustible
indispensable para su utilización, bregaba por un control nacional de las
industrias estratégicas en esos rubros.
La inauguración de la primera
destilería de la empresa estatal en La
Plata, el 23 de diciembre de 1925, permitió que la producción
de petróleo en territorio nacional se viera sensiblemente acrecentada. La
intervención decidida del Estado impulsó una postura más activa de las empresas
extranjeras, que a partir de ese entonces se dedicaron en mayor grado a tareas
de exploración y extracción. Así, mientras YPF ampliaba la capacidad de
refinamiento y expandía su producción, el Gobierno otorgó diversas concesiones
a esas empresas, que mantuvieron un ritmo de crecimiento similar al de la
petrolera estatal. En consecuencia, la producción nacional se elevó más de
cuatro veces entre 1921 y 1930. Pero la demanda no se quedaba atrás y, por
ejemplo, entre 1923 y 1928 el consumo total de nafta creció de 213.998 a 965.118 metros cúbicos,
según el Anuario Geográfico Argentino de 1942. De allí que el peso de las
importaciones se mantuvo en niveles cercanos al 60 por ciento.
Durante la administración de Alvear se
reservaron considerables extensiones de tierras públicas para el futuro uso de
YPF y en 1927 se aprobó en Diputados un proyecto que nacionalizaba los
yacimientos y reservaba para el Estado el monopolio de su explotación, fuese
directa o indirectamente. Sin embargo, la iniciativa, sostenida vigorosamente
por el sector yrigoyenista, nunca lograría superar la barrera del Senado, donde
predominaba la bancada conservadora y los intereses de las provincias. El
manejo del recurso estratégico se había convertido en uno de los ejes de la
agenda política, y se transformaba en bandera del antiimperialismo. En ocasión
del debate del proyecto antes citado en la Cámara de Diputados, el legislador de la Unión Cívica Radical
Diego Luis Molinari aclaraba que la alternativa era elegir entre el monopolio
de la Standard
y la Anglo-Persiany el monopolio de Estado, que es, en definitiva, el monopolio del pueblo
argentino. Mosconi sostendría que “la experiencia de las luchas incesantes que
la organización fiscal ha debido soportar con las compañías privadas durante
todo el tiempo que la hemos dirigido, nos condujo a la conclusión de que tales
organizaciones, la fiscal y la privada, no pueden coexistir, pues representan
dos intereses antagónicos distintos, destinados a vivir en lucha, de la cual
sólo por excepción saldrá triunfante la organización estatal”. Aquella política del radicalismo encontró en
los núcleos conservadores de las provincias petroleras la oposición más
enconada, superponiéndose la rivalidad entre Buenos Aires y el interior con la
de conservadores y radicales. Este conflicto, que se había iniciado bajo la
presidencia de Alvear, tuvo su epicentro en la provincia de Salta, donde la Standard Oil tenía
importantes concesiones, que quería conservar. El caso se resolvería en 1932, ya derrocado el
gobierno radical, en la
Corte Suprema, que fallaría en favor de la compañía
estadounidense. Otra situación conflictiva surgió por el intento de YPF de
ampliar su participación en el mercado local y tener mayor capacidad para
regular los precios internos. Para ello, Mosconi redujo, sorpresivamente, el
precio de los combustibles, obligando a las distribuidoras extranjeras a
disminuir los suyos. Previamente, el Gobierno argentino había negociado un
acuerdo comercial con la
Unión Soviética para importar combustible a través de la
empresa de ese origen Iuyamtorg, que gozaba de personería jurídica desde fines
de 1927. Aunque las empresas petroleras extranjeras denunciaron como dumping
las importaciones de combustible soviético, no tuvieron otra alternativa que
plegarse a la reducción de precios dispuesta por YPF o perder el mercado
argentino. Vale decir que esta estrategia de YPF contrariaba las bases del
acuerdo alcanzado en septiembre de 1928 por la Royal-Dutch Shell
y la Standard Oil
de New Jersey (al que se sumó la Anglo-Persian), que estipulaba la distribución
consensuada de los mercados a partir de la situación vigente al momento de
sellarse el convenio, poniendo de ese modo un freno a la competencia de precios
que había tenido lugar en los meses previos.
Se dice que el golpe de Estado de septiembre
de 1930, que derrocó al gobierno de Yrigoyen, tenía “olor a petróleo”:
llamativamente, el gabinete del general Uriburu contará con la notoria
presencia de sectores ligados a los intereses petroleros. Esto tornó difícil
las tareas de Mosconi, que el 9 de septiembre de 1930 presentó su renuncia
indeclinable al cargo, al tiempo que era detenido por las nuevas autoridades
del país, después de haber participado en el intento de resistencia al golpe
cívico-militar. Luego de ser liberado y de negarse a colaborar con el régimen,
fue nuevamente apresado el 6 de diciembre, acusado de “comunista” y de formar
parte de intrigas para deponer al gobierno de facto. Para alejarlo del país lo
enviaron a Europa, retornando bajo el gobierno de Justo, siéndole asignada la Dirección de Gimnasia y
Tiro. Afectado por una hemiplejia que padecía desde algunos años antes, pidió
pronto el pase a retiro y el tiempo del que disponía lo destinó a escribir un
libro, El petróleo argentino, que fue premiado con la medalla de oro por parte
de la Academia
de Artes y Ciencias del Brasil. Falleció, como dijimos, un 4 de junio de 1940, a los 63 años, en una
casa adquirida mediante un préstamo del Banco Hipotecario, del cual aún
restaban cancelar algunas cuotas.
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