Rosas

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martes, 14 de agosto de 2018

Un gran libro de Sol Lanteri: Un vecindario federal.

Por  Agustina Vaccaroni
La renovación de los estudios rurales ha discurrido por diversas líneas de investigación que incluyen los análisis de las estructuras productivas,sociodemográficas y económicas rioplatenses, las condiciones y relaciones sociales de producción, la implantación de diferentes derechos de usufructo y propiedad de los recursos o de la tierra, la heterogeneidad de sus actores y, más recientemente, las formas de politización. El libro de Sol Lanteri, merecedor del premio a la mejor tesis doctoral del Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos S. A. Segreti, logra interconectar los distintos ejes problemáticos mencionados para reconstruir, desde una perspectiva microanalítica centrada en la zona sur de Buenos Aires, un proceso más vasto, esto es, la construcción de la hegemonía rosista.

Figura 1. Frontera sur bonaerense (Argentina). Avances criollos en el área de estudio durante las décadas de 1820-1830.Resultado de imagen para sol lanteri 
La autora se aboca al estudio de un caso específico: la frontera sur, reflejada a través de Azul y Tapalqué, que posee características diferenciales y específicas, fundadas especialmente en su particular política de colonización de tierras. Lanteri las analiza mediante el relevamiento y examen de una extensa y variada cantidad de fuentes que incluyen padrones, censos de población, registros parroquiales, registros de enfiteusis, correspondencia, padrones electorales, actas y decretos.  El trabajo realizado por la autora se divide en dos partes: la primera está dedicada al estudio de la materialidad, esto es, las formas de producción, el uso de los recursos y la estructura
sociodemográfica, mientras que en la segunda se focaliza sobre las herramientas institucionales y políticas que utilizó el régimen rosista para lograr la adhesión de los habitantes situados al sur de la provincia. Así, se inserta en una renovada visión sobre el sistema político rosista como  construcción que combina la coerción con un andamiaje institucional particular y con relaciones basadas en diversas contraprestaciones, no siempre materiales.  En la primera parte del libro, entonces, Lanteri se propone examinar las características de la población, sus relaciones y actividades económicas, en definitiva, la estructura agraria predominante en Azul y Tapalqué, considerados como parte del “frente colonizador” por excelencia, en el cual se produce la implementación de singulares políticas públicas. Se refiere a las “donaciones condicionadas”, así denominadas por Infesta, las cuales se enmarcan en  el asentamiento de población criolla en la campaña bonaerense. Dichas políticas públicas se producen en estrecha relación con dos elementos fundamentales de las iniciativas desarrolladas durante el rosismo: en primer lugar, el establecimiento del negocio pacífico de indios y en segundo lugar, aunque no menos importante, la campaña militar al Río Colorado. Estas políticas iniciadas en 1832 constituyeron una premisa vital para la pacificación de la frontera. Así, los modos punitivos estuvieron lejos de ser la única forma de acción del régimen. Estos se combinaron con la monopolización del gobierno provincial sobre los contactos con las comunidades indígenas, estableciéndose relaciones de contraprestación y reciprocidad.  Asimismo, lo dicho fue conjugado y complementado con la instalación de población criolla, inmigrante y miliciana, que desarrolló diversas actividades productivas en el marco de la expansión de la frontera ganadera. En su mayoría se conformaron como pequeños y medianos productores, a partir de ser beneficiados con una “suerte de estancia”.
Los elementos mencionados se insertan en un marco más amplio: el “unanimismo” territorial conforma la problemática que es abordada en el segundo capítulo. Como plantea la autora “no fue sólo un conjunto de medidas realizadas para el beneficio de los grandes propietarios vinculados con él [Rosas], sino que estuvo planificada de antemano y orientada también a los pequeños-medianos como una formar de ampararlos y de ampliar su base social. De hecho, como veremos, el rosismo creó exitosamente un unanimismo territorial en la zona de estudio” (p. 113). Específicamente para ello, desarrolló el proceso de donación de “suertes de estancia”, práctica realizada sobre campos enfitéuticos. Para ahondar en los modos en que discurre esta política, Lanteri profundiza sobre el perfil político y socioeconómico de los beneficiados, para luego detallar las modalidades de transferencia. En estos últimos observa que las formas en que se produjeron dichas transferencias exceden el marco legal, abonando a los aportes más prístinos de Raúl Fradkin sobre la importancia de la costumbre como reguladora y configuradora de las relaciones sociales. Dice el autor que “el peso de las normas, las costumbres y los vínculos personales en la estructuración de las relaciones entabladas entre pobladores (…) parecen haber estado basadas en vínculos de parentesco, vecindad y paisanaje”.  En definitiva la autora, mediante un trabajo heurístico exhaustivo, observa la  materialidad de la política económica rosista en la frontera sur a partir de la combinación de diferentes medidas que se interconectan. A la campaña al Río Colorado, se suma el negocio pacífico de indios y el establecimiento de población criolla que es beneficiada con una singular política de tierras, la donación de suertes de estancia en contraprestación a la defensa regional. De esta manera, aporta a combatir aquella visión que hacía pie en las formas coercitivas del régimen rosista en beneficio de las grandes unidades de explotación, matizando esto último con formas de reciprocidad y subordinación que establece con pequeños y medianos productores.
En la segunda parte, Lanteri pasa a indagar sobre las formas y configuraciones políticas. Su intención es vislumbrar al vecindario federal en acción, para lo cual se propone observar las herramientas que utiliza el rosismo con el fin de construir una hegemonía provincial. Así, el tercer capítulo pone el foco en la relación de Rosas con las autoridades locales, complementándolo con las prácticas políticas concretas de los habitantes de Azul y Tapalqué. De esta manera, sostiene que “pese a la constitución político-electoral autoritaria y 'unanimista' rosista, para afianzar la instauración del Estado provincial en la frontera sur fue necesario establecer consensos a nivel local, donde ciertas autoridades y reciprocidades entabladas con la sociedad rural fueron centrales en su construcción” (p. 182).  Con esta directiva teórica, la autora analiza a las autoridades políticas, militares y religiosas, en donde observa una gran continuidad en el elenco, por un lado, y un amplio espectro de atribuciones, por otro. Seguidamente, se aboca a la deconstrucción de las prácticas y costumbres de los pobladores en el marco de diferentes fiestas y rituales. Así, observa que dichas celebraciones, de corte republicano son utilizadas por el rosismo para instalar pautas y hábitos en la estructura sociopolítica. Un dato a tener en cuenta es la participación indígena en estos eventos. A esto se agrega la participación electoral cuyo éxito, no obstante la continuidad de la ley  electoral de 1821 y del establecimiento de la lista única a partir de 1835, reside especialmente en la acción de las autoridades intermedias. La capacidad reclutadora de las mismas es verificada por Lanteri en la gran cantidad y heterogeneidad de los votantes. Discute, una vez más, con las ideas más tradicionales que homologaban al rosismo solo con los grandes terratenientes.  Se desentraña, entonces, un elemento medular de la constitución del orden rosista, esto es la articulación entre gobierno y sociedad local a partir de las reciprocidades establecidas, no sólo con las autoridades intermedias, sino también con los propios productores.
En el cuarto capítulo la autora se aboca al análisis del rol de las milicias y los militares en la formación del régimen en Azul y Tapalqué, para comprender la articulación y coexistencia de
componentes coercitivos y de intervención civil.  Se apoya en la distinción que realiza Ricardo Salvatore al hablar de “federales de bolsillo” y “federales de servicio”. La participación de los habitantes en pos de la mantención del orden  público, entonces, discurre por dos caminos que muchas veces se entrecruzan y que implican contribuciones en forma de dinero o bienes, o contribuciones en forma de participación miliciana.  Lanteri saca a la luz los aspectos y elementos que profundizan la relación entre autoridades y población rural, y que hacen del rosismo un régimen exitoso en este sentido, a partir de la combinación de la reciprocidad y la subordinación para abrir las puertas a la expansión ganadera y su defensa miliciana.  Luego de esta clasificación, Lanteri especifica la acción de las tropas durante las coyunturas críticas, estas son, el levantamiento de 1829, la campaña la Río Colorado durante 1833 y 1834, los malones de 1836 y 1837 y el levantamiento de los Libres del Sud. Aquí Lanteri se apoya en Gelman para afirmar que este último constituye la expresión más dramática de la crisis de las bases de poder rosista, poniendo de manifiesto que la capacidad coercitiva militar del gobierno reside en su apoyo social, y no en un cuerpo sujeto al Estado. Lanteri finaliza la segunda parte sosteniendo la “gran afección de este 'vecindario federal' al régimen inclusive hasta su caída”.   Las conclusiones retoman todos los elementos analizados por Lanteri para plantear uno de los principales problemas políticos de los Estados post independentistas en construcción; la conformación de nuevas comunidades en áreas de frontera. La necesidad de configurar una hegemonía estatal se vislumbra en la frontera sur durante el período rosista. La campaña al Río Colorado, el negocio pacífico de indios, el establecimiento de población criolla, la distribución de pequeñas y medianas extensiones de tierra en carácter de suertes de estancia, las relaciones de reciprocidad establecidas y el despliegue miliciano regional conforman los elementos que dan al régimen rosista la matriz de construcción hegemónica, cuyo éxito se confirma en el apoyo del vecindario, incluso luego de Caseros.
El libro de Sol Lanteri se destaca, en primer lugar por su trabajo heurístico de excelencia que le permite desarrollar un estudio cuanti-cualitativo a escala micro-regional que abarca todos los aspectos de la vida en la frontera sur. Con el objetivo de desentrañar las formas en que se construye la hegemonía rosista se aboca a entrelazar e interconectar la materialidad con los aspectos subjetivos. La contribución realizada por la autora emerge de los aportes realizados por la renovación de los estudios rurales acontecida en 1980 y continuada hasta la actualidad, que a su vez ha despejado el camino para la problematización de las construcciones políticas que se asentaron sobre el espacio rioplatense. A la profundidad de los debates con las conceptualizaciones más tradicionales sobre la campaña y el rosismo se adjunta una novedosa visión sobre el caudillismo, en donde encontramos la conformación de un orden social a partir de la yuxtaposición de elementos institucionales que se asientan en prácticas anteriores para lograr una relación recíproca pero a la vez, de subordinación en vistas a la construcción de un régimen político en particular. 

sábado, 11 de agosto de 2018

EL JUICIO HISTORICO SOBRE ROSAS

Por Alberto Ezcurra Medrano
Lenta, pero firmemente, la verdad sobre Rosas se abre camino.  La causa de esa lentitud se explica. A Rosas le tocó actuar en pleno auge del romanticismo y del liberalismo. Sus enemigos, libres de la pesada tarea de gobernar, empuñaron la pluma e “inundaron el mundo -como dice Ernesto Quesada- con un maëlstrom de libros, folletos, opúsculos, hojas sueltas, periódicos, diarios y cuantas formas de publicidad existen.” Supieron explotar la sensiblería romántica dando a ciertas ejecuciones y asesinatos una importancia que no les corresponde dentro del cuadro histórico de la época. Los famosos degüellos de octubre del año 40 y abril del 42 pasaron a la historia hipertrofiados, como si los 20 años de gobierno de Rosas se hubiesen reducido a esos dos meses y como si su acción gubernativa no hubiese sido otra que ordenar o tolerar degüellos. Rosas, para ellos, fué un monstruo, y desde este punto de vista, que no permiten discutir, juzgan su época, sus hechos y sus intenciones.

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Si Rosas fusiló, no fue porque lo creyó necesario, sino para satisfacer su sed de sangre.  Si luchó -aunque sea con el extranjero-, no fue por patriotismo, sino por ambición personal, o para distraer la atención del pueblo y mantenerse en el poder. Si expedicionó al desierto, fue para formarse un ejército. Si efectuó un censo, fue para catalogar unitarios y perseguirlos. Si ordenó una matanza de perros, que se habían multiplicado terriblemente en la ciudad, lo hizo para instigar una matanza de unitarios. Y así, mil cosas más. Naturalmente, de todo esto resultó un Rosas gigantesco por su maldad, “un Calígula del siglo XIX”, es decir, el Rosas terrible que necesitaban los unitarios para justificar sus derrotas y sus traiciones.  Como la historia la escribieron los emigrados que regresaron después de Caseros, ese Rosas pasó a la posteridad, y desde entonces todas las generaciones han aprendido a odiarlo desde la escuela. Sólo así se explica que aun perdure en el pueblo el prejuicio fruto del manual de Grosso y de las horripilantes escenas de la Mazorca conocidas a través de Amalia o de alguna recopilación de “diabluras del Tirano.”  Afortunadamente, en la pequeña minoría que estudia la historia se evidencia una reacción. Los libros nuevos que tratan seriamente el debatido tema lo hacen con un criterio cada vez más imparcial. Tal es el caso de las interesantes obras publicadas en 1930 por Carlos Ibarguren y Alfredo Fernández García. “Donde hay un hombre, hay una luz y una sombra”, se ha dicho. Rosas, como hombre que fue, cometió errores, pero no crímenes, porque “el delito -como él mismo escribió en su juventud- lo constituye la voluntad de delinquir”, y es absolutamente infundada la afirmación de que él la tuvo. Cuando se habla de su reivindicación, no se trata de presentarlo sin mancha a los ojos de la posteridad, como han querido presentarse sus enemigos, ni tampoco de “disculparlo”, como dicen algunos con cierto retintín cada vez que oyen hablar de cualquiera de sus innegables aciertos. El perdón supone el crimen, y la facultad de concederlo no pertenece a la historia, sino a Dios. De lo que se trata es, simplemente, de presentarlo tal cual fué, con sus errores y con sus aciertos, ya que los primeros no tienen la propiedad de borrar los segundos, tal como los numerosos fusilamientos ordenados por Lavalle y Lamadrid en sus campañas no extinguen ni una partícula de la gloria que les corresponde por el valor legendario de que dieron pruebas en la guerra de la independencia. La vida pública de esos hombres no es un todo indivisible que se pueda condenar o glorificar en globo. Por eso es absurda en nuestros días esa fobia oficial antirrosista que, haciéndose cómplice de lo que podríamos llamar conspiración del olvido, excluye sistemáticamente el nombre de Rosas de las calles y paseos públicos mientras se le concede ese honor a una porción de personajes anodinos, cuando no traidores o enemigos de la patria. (*) La “tiranía” no fue un hombre sino una época en que todos emplearon cuando pudieron los mismos métodos. Rosas no “abrió el torrente de la demagogia popular”, como se ha dicho con más literatura que acierto. Lo tomó desbordado como estaba, tal como no quisieron tomarlo ni San Martín ni otros hombres de valer; lo encauzó.  Es muy cómodo, pero muy injusto, cargar sobre Rosas toda la responsabilidad de una época semejante.  Cuando se habla del terror, de los abusos, de los crímenes, es preciso averiguar, no sólo lo que hizo Rosas, sino también lo que hicieron sus enemigos, algo de lo cual hemos de bosquejar en el presente ensayo. Dentro de lo hecho en el campo federal, hay que delimitar bien lo que ordenó Rosas, lo que se hizo con su tolerancia y lo que se hizo contra su voluntad. Y finalmente, dentro de lo que ordenó Rosas, es preciso establecer cuándo hubo abuso, cuándo obró justamente -porque al fin y al cabo, era autoridad legal (*)- y cuándo obró de manera que sería condenable en circunstancias normales, pero que en las suyas era una legítima defensa contra iguales métodos de sus contrarios. Sólo así tendremos la base sobre la cual se ha de asentar el juicio definitivo. Con repetir a priori que Rosas fué el “principal responsable”, nos habremos ahorrado ese trabajo previo, pero no probaremos nada. Además, por encima de esa investigación imparcial, es necesario que varíe el criterio con que se juzga esa época. Antes se la juzgaba con criterio romántico y liberal.  Una cosa es el fusilamiento ordenado por quien ha sido investido por la ley con la suma del poder público y desempeña el gobierno cumpliendo la misión que se le encomendó, y otra es el fusilamiento por orden de un general levantado en armas contra la autoridad legítima. Cuando Rosas, los gobernadores de provincias o los generales gubernistas en campaña daban muerte a los unitarios sublevados, no hacían más que aplicar los artículos de las ordenanzas españolas, que establecían lo siguiente:  “Art.26- Los que emprendieren cualquier sedición, conspiración o motín, o indujeron a cometer estos delitos contra mi real servicio, seguridad de las plazas y países de mis dominios, contra la tropa, su comandante u oficiales, serán ahorcados, en cualquier número que sean.” (Colón reformado, tomo III, pág. 278)
“Art.168.- Los que induciendo y determinando a los rebeldes hubieren promovido o sostuvieren la
rebelión, y los caudillos principales de ésta, serán castigados con la pena de muerte.” (Colón reformado, tomo III, pág. 43.)  Igual pena establecían las ordenanzas para los desertores.  Esas eran las leyes penales que regían entonces. Y Rosas -autoridad legal con la suma del poder público- las aplicaba. Pero sus detractores parecen creer que en esos tiempos estaba en vigencia el Código Penal de 1921.  Por eso, al juzgar a Rosas, muchos creen condenarlo, y en realidad condenan, no al hombre, sino al sistema: la dictadura. No se contentan con juzgar lo que hizo Rosas, sino que le señalan también lo que debió hacer, y como tienen prejuicios liberales, concluyen: Rosas debió dar al país una constitución liberal y democrática. Pudo hacerlo y no lo hizo. Luego: su gobierno fué estéril. Tal razonamiento es muy discutible. Sería preciso averiguar si Rosas realmente hubiera podido constituir al país. Y suponiendo que hubiera podido, aún quedaría por averiguar si hubiese debido hacerlo. Para los liberales, eso no admite dudas. Para los que creen que era preciso consumar previamente la unidad política y geográfica del país y dejar luego que la tradición presidiese su constitución natural, la cuestión varía de aspecto.  No condenemos, pues, a Rosas por haber omitido hacer lo que el liberalismo juzga que debió haber hecho. Juzguémoslo a través de lo que hizo: consolidar la unión nacional y mantener la integridad del territorio, preparándolo para la organización definitiva. Ésa es su gloria. Cuando se lo juzgue con simple buen sentido y, por consiguiente, sin prejuicios liberales, le será reconocida.

martes, 7 de agosto de 2018

El problema constitucional en la Asamblea del AÑO XIII

POR VICENTE D. SIERRA
La Asamblea General Constituyente no alcanzó a considerar ningún proyecto de Constitución. José Armando Seco Villalba ha aportado testimonios de que, a pesar del poco entusiasmo con que se encaró el tema, una comisión interna lo estudió y es posible que llegara a formular un proyecto.
Cuando en febrero de 1814 la Asamblea suspendió sus sesiones, aprobó un reglamento por el que se creó una “Comisión permanente” que la representara, y entre las facultades que se le acordaron figura un artículo 2º que dice: “Continuar el proyecto de Constitución mandado formar por decreto de 13 de mayo último, e instar en que se realicen en las provincias libres los censos mandados formar por decreto de 5 de febrero del presente”.

Seco Villalba sostuvo que el resultado de los trabajos internos de la Asamblea se concretó en un proyecto que sería el publicado por Emilio Ravignani en la obra: “Asambleas Constituyentes Argentinas”, tomado de un manuscrito que Diego Luis Molinari puso en su conocimiento en una copia, cuyo original habría sido, posteriormente, encontrado por Seco Villalba. Al anunciar su hallazgo, Molinari advirtió que se trataba de una pieza sustancialmente igual al proyecto de la comisión oficial. Por su parte, Seco Villalba destacó agregados tomados del proyecto de la Sociedad Patriótica, de la Constitución de los Estados Unidos y aún de la de Venezuela, y estableció el siguiente cómputo: cuarenta y tres artículos de redacción idéntica al proyecto de la comisión oficial; trece tomados del de la Sociedad Patriótica; setenta y nueve que corresponden a modificaciones de
detalle de otros tantos tomados del proyecto de la comisión oficial; treinta y cinco artículos y cinco capítulos originales.  Es decir, que, sustancialmente, tal como dijera Molinari, el proyecto siguió el de la comisión oficial, o sea el más directamente inspirado en la Constitución de Cádiz de 1812. La influencia del modelo estadounidense se advierte en el capítulo dedicado a enumerar las facultades del Congreso, si bien Seco Villalba, que así lo destaca, no dejó de advertir que en este punto el supuesto proyecto de la Asamblea y el de la comisión oficial no conservan el mismo orden ni el mismo número de atribuciones, y parece advertirse el uso de otras guías, que podrían ser las constituciones venezolana y española. Entre las disposiciones más interesantes de este proyecto se destaca la supresión del Consejo de Estado, prevista en el de la comisión oficial, organismo que limitaba al Ejecutivo, para dotar, en cambio, de mayores facultades a los secretarios de Estado. A pesar de lo cual, cuando en 21 de enero de 1814 se puso fin al régimen de Triunvirato para iniciar el del Directorio, se procedió a reformar el “Estatuto Provisional del Supremo Gobierno”, estableciéndose un Consejo de Estado.     
6- Proyecto de un estatuto de Confederación
Con la denominación “Artículos de Confederación y perpetua unión entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Banda Oriental del Uruguay, Córdoba, Tucumán, etc.”, se conoce un manuscrito encontrado por José Luis Busaniche que muestra al pie las iniciales F.S.O. o F.S.C. sobre las que no ha sido posible determinar a quién pertenecen. Esencialmente es un arreglo de los “Artículos de Confederación y unión perpetua entre los Estados”, de 1778, y de la “Constitución Federal de los Estados Unidos de América”, de 1787, o sea una solución impracticable en 1813, fecha que se lee en el manuscrito. Si como cabe suponer se trata de la obra de un allegado al artiguismo, que procuró con ella demostrar la practicidad de los planteos del caudillo oriental formulados en las Instrucciones del año XIII, el resultado no pudo ser más negativo, pues confirma el carácter híbrido y poco realista de aquéllos. (...) Capítulo quinto. Labor legislativa de la asamblea general constituyente (pp. 59-79)
1- Una tarea sobrevalorada
Algunas resoluciones de la Asamblea General Constituyente que, con el correr de los años, adquirieron un alto valor sentimental, han determinado que la labor de aquel cuerpo haya dado origen a una literatura encomiástica destinada a ocultar la realidad de la carencia de trascendentalidad de la misma. La Asamblea no cumplió sus fines esenciales, apenas los subsidiarios, y terminó negando sus principios, hasta ser barrida en 1815 por la primera revolución de carácter nacional que registra la historia política argentina. Ya su composición distó de ser un acierto. Sus miembros no pudieron reivindicar que constituían una legítima representación de los pueblos, aún dentro de las limitaciones con que tal legitimidad podía establecerse en la época; sin olvidar que en el curso del año XIII ni siquiera reunió un número de provincias representadas que diera autoridad moral a sus resoluciones más atrevidas. Dice Martín Matheu en la “Autobiografía” de su padre, el prócer de Mayo: “La Asamblea defraudó completamente los fines primordiales que se tenían en objetivo para definir la vaga situación en que se hacían tantos sacrificios; y para desenvolverse en sus omnímodas facultades que al efecto acordaron sus miembros: puede decirse que la filosofía política ganó, pero con la filosofía sola no se fundan las grandes nacionalidades”.
En realidad, aún las ganancias de la filosofía política no pasaron del huero verbalismo que caracterizó a los integrantes de la Sociedad Patriótica herencia del morenismo del “Club” de 1811, que tanta preponderancia tuvieron en la composición de la Asamblea.
En el curso del régimen asambleísta mediaron para poner a prueba al cuerpo las derrotas sufridas por los patriotas en el Alto Perú, las dificultades con Artigas, la caída de Napoleón y la recuperación del trono de España por Fernando VII, tanto como la falta de una concreta voluntad revolucionaria y emancipadora de parte de la oligarquía que la dominó, grupo dirigente o influyente sin fe en el país, sin voluntad de sacrificio, sin confianza en el pueblo y más dispuesto a las transacciones que a la lucha, más verbalista que ejecutor y, lo más grave, ayuno de planes e ideas precisas sobre lo que debía o podía hacerse que sobrepasara el afán de no dejar que el gobierno pasara a manos de intereses ajenos a los propios.
Si en las primeras sesiones del cuerpo se adoptaron algunas resoluciones que parecían responder a fines preestablecidos de indudable trascendencia, a medida que pasaron los meses el tono fue disminuyendo de acuerdo con la influencia de los sucesos internos y externos que se sucedieron, sin demostrar otra aspiración que salvar la vida y los bienes de cuantos se sentían comprometidos por su actuación y temían caer víctimas de la venganza dirigida por Fernando VII. Y ello en momentos en que el ideal de forjar una nueva nación se iba afirmando en el sentimiento popular del país, lo que se explica, pues, como dice Martín Matheu “las masas, los pueblos con intuición tomada de reflejo, tenían pura o no enturbiada su inteligencia con las nociones de las democracias confusas” que enceguecían a los dirigentes, cuya “ciencia era falsa y brilladora”, y por lo mismo incapaz de cuanto no fuera esperar las soluciones que el país requería de alguna ayuda exterior, aún al precio de caer bajo protectorados infamantes. La labor legislativa de la Asamblea denuncia la realidad sobre los méritos de sus integrantes.