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jueves, 30 de septiembre de 2021

Roberto M. Ortiz y el “Fraude Patriótico”

 Por el Prof. Jbismarck

«En síntesis, señor presidente, corresponde el rechazo de lo anulación de las elecciones de lo provincia de Buenos Aires por las siguientes razones, entre las otras que he tenido ocasión de exponer. »Primero: Porque dichas elecciones, con todas sus deficiencias, no han sido objeto de pruebas legales que las invaliden.   »Segundo: Porque los antecedentes expuestos y los irregularidades de los comicios de la U.C.R. en las últimas elecciones de la Capital de la República y la posición de ese partido con respecto a la actuación de sus dirigentes con anterioridad al 6 de setiembre, le quitan autoridad política para impugnarlas.   »Tercero: Porque los órganos más representativos de la prensa nacional, de las faenas vivas y los hombres de trabajo, nos piden la iniciación inmediata de la obra de legislación.  »Cuarto: Porque dicha obra sólo es posible con el funcionamiento normal del Parlamento, que se vería inmediatamente perturbado con la anulación de elecciones y celebración de otras nuevas. »Quinto: Porque la ausencia de la labor parlamentaria durante otro año, perturbaría seriamente la vida económica, financiera e institucional de la República, contribuyendo a debilitar aun más el prestigio del Parlamento argentino y poniendo en peligro la estabilidad de nuestras instituciones».       ADOLFO MUGICA (defendiendo el fraude y padre del extraordinario Sacerdote Carlos Mugica)

Ortíz:  Nace en Buenos Aires, el 24 de septiembre de 1886. Fallece en Buenos Aires, el 15 de julio de 1942. En el otoño de 1937, cuando llegó el momento de consagrar la fórmula oficialista para las elecciones del año siguiente, Justo indicó que debía reiterarse el esquema de la Concordancia (presidente antipersonalista-vicepresidente conservador) y nombró candidato a su ministro de economía, Roberto M. Ortiz. 

La designación de Miguel Angel Cárcano, ministro de agricultura de Justo, firmante del pacto Roca-Runciman y miembro de la Sociedad Rural Argentina, despertó quejas entre los demócratas progresistas, que en su lugar propusieron a Robustiano Patrón Costas.  Las fuerzas negociaron y finalmente eligieron al jurista Ramón A. Castillo, ministro de Justicia en el gabinete justista. Finalmente, se consagró la fórmula Ortiz-Castillo, que se enfrentaría a los radicales Alvear y Mosca y a los socialistas Nicolás Repetto y Arturo Orgaz.  El 5 de septiembre de 1937 se realizaron las elecciones nacionales. La fórmula Ortiz-Castillo, consiguió 1.100.000 votos y la de Alvear-Mosca 815.000. Estos resultados fueron la evidencia de lo que se conoce como «el fraude patriótico». Así lo describió, Federico Pinedo, años después: «Los procedimientos que se usaron en estos comicios hacen imposible catalogar esas elecciones entre las mejores, ni entre las buenas, ni entre las regulares que ha habido en el país». Ortiz asume el 20 de febrero de 1938, y su gabinete lo integran: Interior: Diógenes Taboada; Relaciones Exteriores: José María Cantilo; Hacienda: Pedro Groppo; Justicia e Instrucción Pública: Jorge E. Coll; Guerra: general Carlos D. Márquez; Marina: contraalmirante León L. Scaso; Agricultura: José Padilla; Obras Públicas: Manuel R. Alvarado

Las elecciones se celebraron en un clima de violencia, a tal punto que los radicales de la provincia de Buenos Aires no pudieron votar.  Roberto Ortiz intentó impulsar sin resultado reformas que permitieran restablecer un régimen democrático. En este aspecto no dudó en intervenir la Provincia de Buenos Aires, gobernada por el célebre caudillo conservador Manuel Fresco, luego de las elecciones legislativas fraudulentas de febrero de 1940, impidiendo la asunción como gobernador de Buenos Aires de Alberto Barceló.  

En términos económicos, cuando Ortiz asume la crisis ya había disminuido: había un peso fuerte (el dólar estaba a 3,80 pesos), la desocupación iba en baja y la industrialización aumentaba. Ortiz continuó con obras que se iniciaron en la gestión de Justo: la construcción de la Avenida General Paz y una ruta a Mar del Plata, entre otras. Mientras, el presidente se encontraba sometido a una rigurosa dieta a causa de su diabetes.  El proceso de crecimiento industrial continuaba su ascenso a pesar de la guerra, o —con mayor exactitud— a causa de la disminución de las importaciones. Nuevas industrias comenzaron a surgir, reclamando más obreros, y las antiguas incrementaban la producción. Los brazos no podían venir del extranjero El interior los ofrecería en grandes cantidades. Todavía no se los llama «cabecitas negras», pero se vuelcan sobre la urbe en proporciones crecientes.   De acuerdo con Germani, los «desniveles en la distribución geográfica de la población son naturalmente el resultado de las migraciones internas y externas. La región Litoral y la Capital Federal han recibido el mayor número de inmigrantes extranjeros y a la vez, han atraído de manera considerable a los argentinos nacidos en otras regiones. Y en verdad es esto último lo que ha caracterizado el proceso en las últimas dos décadas».Así puede entenderse, a manera de ejemplo, el crecimiento de población del Gran Buenos Aires (aportes migratorios más aumento vegetativo), que ha llegado a convertirse en la «cabeza de Goliat» a que hizo referencia Ezequiel Martínez Estrada en uno de sus libros.  Ese crecimiento obrero es presentido oscuramente por algún diputado conservador como Reynaldo Pastor, que por supuesto no podrá escapar a sus esquemas mentales, y dirá en tono paternalista: «El día que nuestros obreros se acostumbren a que los hombres ricos, los grandes industriales, los altos funcionarios del gobierno al igual que los políticos que actúan en las altas esferas, los escuchen y se muestren sensibles a sus necesidades y prueben en esa forma que tienen un espíritu permeable para resolverlas, ese día van a dejarse alentar tantas rebeldías y el obrero argentino comprenderá que tiene una noble misión que cumplir en nuestro pueblo y en nuestra sociedad, comprenderá que él es, al igual que cualquier otro, un factor de progreso, un factor de respeto, un factor de trabajo y de cultura en el país. Digo estas palabras porque abrigo la esperanza de que ellas han de llegar al seno de algunos hogares argentinos y a la intimidad de hombres que puedan contribuir a orientar la actual situación social»

Claro que eso no podía satisfacer a «nuestros obreros», que se cansaban de enviar petitorios y notas al Congreso de la Nación en busca de una justicia que sistemáticamente les era negada en todos los ámbitos. Es que el Congreso adquiere en años de la presidencia de Ortiz —y luego de Castillo— el inconfundible tono de los cuerpos colegiados en decadencia. Conservadores y radicales se unían para apoyar dictámenes vergonzosos, como el relativo a los resultados de la investigación sobre las concesiones eléctricas de la Capital Federal. Lisandro de la Torre había muerto por propia determinación, el 5 de enero de 1939. En carta a sus dilectos amigos (en verdad su testamento) escribe: «Les ruego que se hagan cargo de la cremación de mi cadáver.  Deseo que no haya acompañamiento público, ni ceremonia laica ni religiosa alguna, ni acceso de curiosos y fotógrafos a ver el cadáver, con excepción de las personas que ustedes especialmente autoricen. Si fuera posible, deberá depositarse hoy mismo mi cuerpo en el Crematorio e incinerarlo mañana temprano, en privado.  Mucha gente buena me respeta y me quiere y sentirá mi muerte. Eso me basta como recompensa. No debe darse una importancia excesiva al desenlace final de una vida, aun cuando sean otras las preocupaciones vulgares. Si ustedes no lo desaprueban desearía que mis cenizas fueran arrojadas al viento. Me parece una forma excelente de volver a la nada, confundiéndose con todo lo que muere en el Universo».   En la década del treinta, su autoinmolación (y es época de suicidas: Lugones, Alfonsina Storni, Quiroga…) fue quizás la última advertencia frente a la insensibilidad ambiente. La guerra mundial primero, y los sucesos políticos de los años por venir en el ámbito nacional, harán que su gesto se oscurezca en el tiempo.

El presidente Ortiz, casi desde el comienzo de su gestión, sufre los efectos de una grave enfermedad que provocará, sucesivamente, su alejamiento y delegación de funciones en el vice Castillo, su renuncia a la primera magistratura y su fallecimiento. Dos acontecimientos políticos van a marcar esos primeros años: la intervención a la provincia de Catamarca —tierra natal del vicepresidente—, que habrá de provocar resquemores entre los miembros de la coalición gubernativa (conservadores y antipersonalistas); y la intervención a la provincia de Buenos Aires, con motivo de los fraudulentos comicios del 25 de febrero de 1940, convocados por el gobernador saliente Fresco. El candidato de Fresco, que logró imponerse en las instancias partidarias del conservadorismo bonaerense a Antonio Santamarina, era Alberto Barceló, «patrón» de Avellaneda que buscaba ampliar ahora su radio de acción. La intervención frustrará sus aspiraciones, pero en cambio Barceló llegará a ocupar una banca en el Senado, en representación del mismo distrito.  Estos y otros factores comenzarán a alinear tras de Ortiz a sectores del radicalismo alvearista, en su repetida aspiración de llegar al poder entrando en el juego oficialista. Ortiz, entonces, será visto como un demócrata que busca borrar los estigmas de su propia ascensión al poder, tratando de volver por los fueros del voto secreto y el comicio limpio. Pero,en lo económ  ico, en lo social y en todo lo que no se refiere al limitado tema del sufragio, su actitud no va a diferir, al menos en lo esencial, de lo hecho o dicho por su antecesor Justo. Algún conservador, muchos años después, definirá con acierto la posición del presidente Ortiz diciendo que «constituyó un verdadero plano inclinado hacia el radicalismo, al que protegía visiblemente, al extremo de haber intervenido, entre otras, a las provincias de Catamarca —sede política de su propio compañero de fórmula, injustamente agraviado por tal medida— y de Buenos Aires, considerada como el principal baluarte del conservadorismo». El Parlamento, en 1940, dedicará largas horas de sesión al affaire de las tierras de El Palomar que, «pese a sus proporciones reducidas frente a la inmoralidad reciente —unos escasos centenares de miles de pesos— salpicó hasta alguna esfera allegada al Poder Ejecutivo» Lo importante no es la magnitud del negociado, ni que resulten implicados legisladores (uno de ellos se suicida y el otro es excluido de la Cámara de Diputados), ni que el ministro de Guerra, general Márquez, y el propio presidente Ortiz se alarmen.

Roberto M. Ortiz envía al Parlamento su renuncia, que muestra desagrado ante las conclusiones elaboradas por la Comisión Investigadora del Senado (Palacios, Gilberto Suárez Lago, Héctor González Iramain). En sesión de asamblea (24 de agosto de 1940) presidida por el senador Robustiano Patrón Costas, los legisladores oficialistas y de la oposición se deshacen en consideraciones sobre la sensibilidad aguzada del primer mandatario y votan por el rechazo de su renuncia. Una sola voz se levanta para mostrar su disconformidad, votando por la aceptación; es Sánchez Sorondo.  «El ámbito político y administrativo estaba desprestigiado por episodios que tuvieron repercusión en la opinión pública y mostraron la corrupción difundida: como el negociado sobre compra de tierras en El Palomar para el ejército, en el que se defraudaron al Estado importantes sumas de dinero, en cuya operación aparecieron complicados legisladores radicales y conservadores, como las trapisondas denunciadas en la lotería nacional, y otros hechos que mostraban la crisis moral dominante en las esferas políticas». Estas consideraciones pertenecen a Carlos Ibarguren

El Congreso seguirá discutiendo sobre el fraude, sobre los diplomas de algunos de sus miembros (el citado Barceló, por ejemplo, ya en 1942). En las elecciones de 1940 los radicales consiguen ochenta diputados en la Cámara baja. Pero esa mayoría, con excepciones muy limitadas, de nada les servirá, y las cosas seguirán como antes. El desprestigio que envuelve al partido (salvo las tendencias que intentaban un replanteo de la conducción) conducirá a su derrota en la Capital Federal para 1942, a manos de los socialistas.

En 1940 se funda «Acción Argentina», que nucleaba a los partidarios de la causa aliada y cuya primera Junta Ejecutiva Central integraban Federico Pinedo, Jorge Bullrich, Julio A. Noble, Victoria Ocampo, Emilio Ravignani, y Nicolás Repetto; Los oradores del acto inaugural fueron Alvear, Repetto, Bernardo Houssay y José María Cantilo. Como se ve, los contactos entre figuras representativas de diversos partidos políticos (y también personalidades independientes) son frecuentes. Ello, además de otras causas (la estrategia frentista del Partido Comunista en primer lugar), posibilitará en pocos años la aparición de la Unión Democrática.

Con todo, el asunto político más comentado por esos tiempos era, naturalmente, la enfermedad del primer mandatario, y los problemas que entrañaba su legítima sucesión. Casi un símbolo de los «tiempos republicanos» que tocaban a su fin. félix Luna habla de una conspiración «tendiente a reponer a Ortiz en la presidencia» que conocía el ministro de Guerra, general Márquez, y de la que participaban el entonces mayor Pedro Eugenio Aramburu y diputados radicales como Emir Mercader. Con asentimiento del presidente Ortiz, se acordó secretamente que un triunvirato integrada por Alvear, el dirigente socialista Mario Bravo y el general Márquez, ministro de Guerra, se haría cargo del gobierno y llamaría a elecciones. Con todo, el Ejército resultaba cada vez más requerido en el plano político, y muchos militares (los de tendencia «justista», con su avezado director técnico a la cabeza, y también los de tendencia nacionalista) empezaban a dedicarse a actividades cada vez menos específicas.

Ortiz siguió las diferentes circunstancias políticas mientras hacía reposo durante el comienzo de 1941. Cuando llegó el verano, el presidente pasó la temporada en una estancia cercana a Mar del Plata. Allí permaneció hasta fines de marzo y se enteró de la llegada de un prestigioso oculista español, Ramón Castroviejo, que venía a revisarlo. La llegada del oftalmólogo estaba auspiciada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que estaba interesado en que Ortiz pudiera retomar el poder, ya que no estaba contento con el neutralismo del catamarqueño Castillo. Castroviejo llegó en mayo y estuvo un mes en la Argentina, tiempo el cual le pasó a la Embajada de Estados Unidos informes diarios. El médico llegó a la conclusión de que el mal era irreversible. Así, el 22 de junio de 1941, Ortiz presentó su renuncia a la primera magistratura. Un mes después, el ex presidente moría a causa de una afección cardiaca.

martes, 30 de abril de 2019

Presidente Roberto Ortíz

Por el Profesor Jbismarck
Ortiz asume el 20 de febrero de 1938, y su gabinete lo integran: Interior: Diógenes Taboada; Relaciones Exteriores: José María Cantilo; Hacienda: Pedro Groppo; Justicia e Instrucción Pública: Jorge E. Coll; Guerra: general Carlos D. Márquez; Marina: contraalmirante León L. Scaso; Agricultura: José Padilla; Obras Públicas: Manuel R. Alvarado.
El proceso de crecimiento industrial, continuaba su ascenso a pesar de la guerra, o a causa de la disminución de las importaciones. Nuevas industrias comenzaron a surgir, reclamando más obreros, y las antiguas incrementaban la producción. Los brazos no podían venir del extranjero  El interior los ofrecería en grandes cantidades. Todavía no se los llama «cabecitas negras», pero se vuelcan sobre la urbe en proporciones crecientes. Los partidos políticos y los sectores de la oligarquía no han reparado suficientemente en ese desplazamiento.  
Existen desniveles en la distribución geográfica de la población y son naturalmente el resultado de las migraciones internas y externas. La región Litoral y la Capital Federal han recibido el mayor número de inmigrantes extranjeros y a la vez, han atraído de manera considerable a los argentinos nacidos en otras regiones. Así puede entenderse, a manera de ejemplo, el crecimiento de población del Gran Buenos Aires (aportes migratorios más aumento vegetativo), que ha llegado a convertirse en la «cabeza de Goliat». El Congreso adquiere en años de la presidencia de Ortiz —y luego de Castillo— el inconfundible tono de los cuerpos colegiados en decadencia. Conservadores y radicales se unían para apoyar dictámenes vergonzosos, como el relativo a los resultados de la investigación sobre las concesiones eléctricas de la Capital Federal. 
Lisandro de la Torre había muerto por propia determinación, el 5 de enero de 1939. En carta a sus dilectos amigos (en verdad su testamento) escribe: «Les ruego que se hagan cargo de la cremación de mi cadáver.
»Deseo que no haya acompañamiento público, ni ceremonia laica ni religiosa alguna, ni acceso de curiosos y fotógrafos a ver el cadáver, con excepción de las personas que ustedes especialmente autoricen.
»Si fuera posible, deberá depositarse hoy mismo mi cuerpo en el Crematorio e incinerarlo mañana temprano, en privado.
»Mucha gente buena me respeta y me quiere y sentirá mi muerte. Eso me basta como recompensa.
»No debe darse una importancia excesiva al desenlace final de una vida, aun cuando sean otras las preocupaciones vulgares.
»Si ustedes no lo desaprueban desearía que mis cenizas fueran arrojadas al viento. Me parece una forma excelente de volver a la nada, confundiéndose con todo lo que muere en el Universo»
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El presidente Ortiz, casi desde el comienzo de su gestión, sufre los efectos de una grave enfermedad (diabetes) que provocará, sucesivamente, su alejamiento y delegación de funciones en el vice Castillo, su renuncia a la primera magistratura y su fallecimiento. Dos acontecimientos políticos van a marcar esos primeros años: la intervención a la provincia de Catamarca —tierra natal del vicepresidente—, que habrá de provocar resquemores entre los miembros de la coalición gubernativa (conservadores y antipersonalistas); y la intervención a la provincia de Buenos Aires, con motivo de los fraudulentos comicios del 25 de febrero de 1940, convocados por el gobernador saliente Fresco. El candidato de Fresco, que logró imponerse en las instancias partidarias del conservadorismo bonaerense a Antonio Santamarina, era Alberto Barceló, «patrón» de Avellaneda que buscaba ampliar ahora su radio de acción. La intervención frustrará sus aspiraciones, pero en cambio Barceló llegará a ocupar una banca en el Senado, en representación del mismo distrito.
Estos y otros factores comenzarán a alinear tras de Ortiz a sectores del radicalismo alvearista, en su repetida aspiración de llegar al poder entrando en el juego oficialista. Ortiz, entonces, será visto como un demócrata que busca borrar los estigmas de su propia ascensión al poder, tratando de volver por los fueros del voto secreto y el comicio limpio. Pero,en lo económico, en lo social y en todo lo que no se refiere al limitado tema del sufragio, su actitud no va a diferir, al menos en lo esencial, de lo hecho o dicho por su antecesor Justo.  El Parlamento, en 1940, dedicará largas horas de sesión al affaire de las tierras de El Palomar que, «pese a sus proporciones reducidas frente a la inmoralidad reciente —unos escasos centenares de miles de pesos— salpicó hasta alguna esfera allegada al Poder Ejecutivo» (Martín Aberg Cobo). Lo importante no es la magnitud del negociado, ni que resulten implicados legisladores (uno de ellos se suicida y el otro es excluido de la Cámara de Diputados), ni que el ministro de Guerra, general Márquez, y el propio presidente Ortiz se alarmen. Lo importante es que el sistema permitía irregularidades como ésa que el mecanismo legislativo toleraba fallas tan graves. 
Roberto M. Ortiz envía al Parlamento su renuncia, que muestra desagrado ante las conclusiones elaboradas por la Comisión Investigadora del Senado (Palacios, Gilberto Suárez Lago, Héctor González Iramain). En sesión de asamblea (24 de agosto de 1940) presidida por el senador Robustiano Patrón Costas, los legisladores oficialistas y de la oposición se deshacen en consideraciones sobre la sensibilidad aguzada del primer mandatario y votan por el rechazo de su renuncia. Una sola voz se levanta para mostrar su disconformidad, votando por la aceptación; es Sánchez Sorondo.  El Congreso seguirá discutiendo sobre el fraude, sobre las actividades antiargentinas, sobre los diplomas de algunos de sus miembros (el citado Barceló, por ejemplo, ya en 1942). El propio presidente del Partido Demócrata Nacional, Gilberto Suárez Lago reconocerá en ese debate: «Grandes errores tenemos, señores senadores, grandes faltas, grandes culpas. No es todo limpio en materia electoral desde el año 1930 hasta aquí. Porque no es fácil salir de un estado revolucionario motivado —recuérdelo el país— por una corrupción que abarcaba todas las esferas de la vida oficial de la Nación» Habían pasado doce años, y todavía no podía volverse a la normalidad.
Con todo, el asunto político más comentado por esos tiempos (en el Congreso, en la prensa, en la calle) era, naturalmente, la enfermedad del primer mandatario, y los problemas que entrañaba su legítima sucesión. Casi un símbolo de los «tiempos republicanos» que tocaban a su fin. La presencia de Castillo marcaba un directo retorno conservador a la máquina gubernamental, y los radicales tenían una idea aproximada de lo que ello significaba para sus aspiraciones electorales. 
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El radicalismo ya ha perdido su oportunidad histórica, y sus actitudes claudicantes durante la década han llevado a un escritor de ese origen, Félix Luna, tratando de reivindicar infructuosamente la figura de Alvear, a decir: «Los intereses imperiales sabían que la Argentina estaría a su lado con mayor seguridad a través de un gobierno radical) o de un gobierno apoyado por los radicales) que con uno conservador». A fines de 1941 (el 7 de diciembre) serealizan elecciones en la provincia de Buenos Aires, intervenida por Ortiz. El triunfo de Rodolfo Moreno (que no ocultaba su repudie al voto secreto, como ya sabemos) retrotrae los hechos a la belle époque de Manuel Fresco. La conquista de Buenos Aires para el partido conservador va a ratificar las dos claves que, signan la actuación de Ramón Castillo en su gobierno: «mantener la neutralidad y no entregar el poder a los radicales».  Castillo gobernará bajo estado de sitio (decreto del 16-XII-41). También dará impulso a la flota mercante argentina y gestionará la nacionalización del Puerto de Rosario. La posición neutralista frente al conflicto bélico en pleno desarrollo le atraerá elogios y condenas.   En marzo de 1942 muere Marcelo T. de Alvear, jefe del partido radical. Los acontecimientos siguen su curso, y el 27 de junio de 1942 las Cámaras reunidas en sesión de asamblea aceptan por unanimidad la renuncia de Ortiz, que morirá pocos días más tarde (el 15 de julio). 
Mientras tanto, el general Justo volvía por sus fueros. Justo se había declarado aliadófilo desde el primer momento y hasta había ofrecido su propia, preciosa sangre, para defender los sagrados principios de la libertad y la democracia. Frente a los grupos militares nazistas, los sectores aliadófilos no tenían mejor solución que asentir a Justo. Sus personeros militares no dejaban de preparar ambiente propicio en las filas de la institución. Los Estados Unidos —Inglaterra estaba más lejos, y había dejado de ser la única metrópoli— lo veían con buenos ojos. Y en el radicalismo —¡cuándo no!— había sectores dispuestos a sostener su nombre de acuerdo a la teoría del mal menor. Por otro lado, menudeaban los contactos (desde 1942) entre el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, Acción Argentina y algunos dirigentes radicales con miras a una futura «Unión Democrática» de partidos afines.
Pero el 11 de enero de 1943 muere Agustín P. Justo, víctima de un derrame cerebral. Los conservadores parecen quedar dueños del terreno, y los ojos de muchos (de buena parte del ejército también), se fijan atentamente sobre el Partido Demócrata Nacional.
El nombre que va a imponerse es Robustiano Patrón Costas considerado pro-aliado (y más directamente pro-norteamericano) y rupturista por la opinión pública. Rodolfo Moreno se ve obligado a resignar las pretensiones a la primera magistratura y —lo que es más—, presionado por Castillo, renuncia a su gobernación provincial