Por A. J. PÉREZ AMUCHÁSTEGUI
Dorrego dio a los unitarios la oportunidad que les faltaba
para llevar a cabo sus proyectos de reivindicación. La figura del gobernador
había adquirido alto prestigio en todo el país. Tanto, que el deán Gregorio
Funes, representante de Bolívar en Buenos Aires, en carta al mariscal Sucre,
después de señalar la bien merecida influencia que ejercía Dorrego a raíz de
sus atinadas medidas de gobierno, apuntaba: “Es muy probable que, formalizada la Convención, suba a presidente de
la República”.
Esa perspectiva era gravísima para los unitarios, pues con
ella se aventaban absolutamente sus esperanzas de retomar jamás al poder. Como
ha señalado Tomás de Iriarte en sus Memorias, en la gobernación de Buenos Aires
no se comportó Dorrego como el muchacho alocado de otras horas, sino como un
estadista en toda la línea. Los primeros
sorprendidos fueron los unitarios, que advirtieron entonces que, para ellos, el
gobernador representaba un peligro permanente. Con él se acababan los turbios
negociados, las especulaciones financieras, las generosas “bonificaciones” de
inversores aprovechados, los “beneficiosos” préstamos de la banca extranjera.
Con él se quitaba de raíz el empaque culterano de quienes se creían, como dice
Saldías, “los únicos llamados a dirigir las cosas del gobierno, poseídos de
absolutismo y orgullo tradicionales”. Con él accedía al plano político la
multitud, es decir los jornaleros, los artesanos, los campesinos, esa chusma
que, para los hombres de levita, carecía de derechos para regir sus propios destinos.
Y la logia unitaria de rancia estirpe rivadaviana estaba dispuesta a todo antes
que a perder sus pretendidos privilegios. Dorrego la había desenmascarado, y
tendría que purgar ese “delito”.
Juan Lavalle fue sólo el instrumento, por cierto que muy
bien elegido. Ese soldado valiente, decidido, corajudo, temerario, irreflexivo,
era proclive a ser convencido de que Dorrego habla traicionado al ejército de
operaciones negociando una paz infamante. Y tras ello, todo cuanto se le dijera
de Dorrego sería aceptado sin análisis por el ofuscado y tozudo general. La
sublevación del 1 de diciembre fue incruenta, pero de inmediato llovieron al
enardecido Lavalle los “sanos consejos” de quienes lo habían llevado a
subvertir el orden institucional.
Salvador María del
Carril, Juan Cruz y Florencio Varela, Agüero, Gallardo y algún otro “hombre de
bien” cursaron sendas cartas a Lavalle para convencerlo de la imperiosa
necesidad de fusilar al depuesto gobernador. A propósito, ha de señalarse que
del Carril no firmó la carta, aunque Lavalle conocía quién era el remitente;
Juan Cruz Varela fue más lejos, pues después de valerse del nombre del pueblo
para exigir la sentencia, agregó muy suelto de cuerpo: “Cartas como estas se
rompen11... Afortunadamente Lavalle no las rompió. Y allí han quedado, signados
por la infamia, los nombres de quienes, al decir de Saldías, “con una
convicción que abruma y una frialdad que aterra” convencieron a Lavalle de que
“todo quedará esterilizado si el gobernador Dorrego no sucumbe inmediatamente”
...
Lavalle confió al remanido “juicio de la historia” el
dictamen sobre su decisión. La historia
no juzga, ni condena, ni perdona: se limita a comprender. El juicio corre por
cuenta de cada historiador, es decir de quien investiga con seriedad hasta
conocer suficientemente las intencionalidades que sustentan los hechos. Sobre
esa base, y sin pretender que nuestro juicio sea “el de la historia” en tanto
negamos semejante pretensión, creemos, a
la luz de nuestro entendimiento, que Dorrego fue fusilado por el general
vencedor Juan Lavalle en virtud de una discutible, pero en la época usual,
decisión castrense. Pero esa decisión no fue un acto aislado ni contingente,
sino la cristalización formal de una sentencia de muerte decretada mucho antes
por la logia unitaria, que no hallaba otra solución para asegurar sus
aspiraciones al poder.
Y esa planificación fría, esa resolución calculada, esa
decisión categórica de quitar la vida al adversario que representa un obstáculo
insalvable, es un crimen político cuyos gestores no merecen otro nombre que el
de asesinos. Hora es ya, a nuestro modo de ver, de modificar las etiquetas a
que nos ha acostumbrado la historiografía interesada en salvar el insalvable
honor del grupo rivadaviano, y dejar de referimos al fusilamiento de Dorrego.
El plomo de los fusiles fue sólo el medio (como pudo haber sido el veneno o el
'puñal si Lavalle no se hubiera cruzado en el camino) por el cual la logia
unitaria llevó a cabo lo que sólo puede calificarse como asesinato de Dorrego.
