La Fuerza de la Ley: el caso de Felipe Ezcurra

Por Ricardo Salvatore

Tradicionalmente, los historiadores de la "Epoca de Rosas" han sobre estimado el poder territorial del hacendado, creando la falsa imagen que la justicia hacía oídos sordos a lo que ocurría dentro de la estancia o que las partidas y los jueces de paz no osarían entrar en el dominio del estanciero a reclamar un desertor o un prófugo de la justicia. Este ideal de propietario feudal a salvo de la intromisión de las autoridades locales, está lejos de la verdad.  Veamos un ejemplo que contradice  las ideas heredadas acerca de la justicia en este período. 

Un sobrino de Rosas,  Felipe Escurra, entró en problemas con el juez de paz de Chivilcoy, Lázaro Molina por proteger un supuesto delincuente. Molina, tratando de esclarecer el caso de un rapto de una "joven de familia" había pedido a Ezcurra le remitiese a su ayudante Carmen Ramírez para una indagatoria." Tal vez alentado por sus relaciones familiares y sus servicios a la causa federal, Felipe Escurra se negó a esta requisitoria, diciendo que el ya había reprendido a su ayudante, y que el juez de paz no tenía autoridad para "atropellar" su casa, extraer sus peones y molestar a sus capataces.  El juez de paz tomó por la fuerza la vivienda, arrestó a Ezcurra, y lo sometió al interrogatorio de costumbre. Entre otras cosas, le preguntó en un tono didáctico y retórico, -Si no sabe que todo ciudadano respeta y tiene que respetar las Leyes vigentes y autoridades legítimamente constituídas"; Ezcurra sólo pudo responder que sí. Le preguntó a renglón seguido si al resistirse a la orden de entregar al peón Rodriguez no estaba desafiando directamente a la ley; Ezcurra nuevamente tuvo que darle la razón.   Enviado a prisión y embargados sus bienes, Felipe Ezcurra envió una petición de clemencia al gobernador, su tío, por intermedio de su hija pequeña. Al mismo tiempo intercedieron por él su madre (quien escribió a Manuelita pidiendo el favor de Rosas) y su esposa (quien se apeló directamente a la bondad del dictador), sin demasiados resultados.   Rosas hizo lugar al desembargo de sus bienes, pero no dispuso la libertad de Felipe hasta seis meses más tarde, cuando la salud del preso había deteriorado y era alarmante. Esta actitud de Rosas sirvió para reafirmar las creencias del juez de paz en el 'imperio de la ley': "Sr. -escribió a Terrero- el vulgo que con sus dichos había sido escandalizado, hoy está convencido de que el Excmo. Sr. Gobernador, su tío, en el mero hecho de tenerle detenido, como hasta ahora lo tiene, corrigió y corrige el mal donde y en quien quiera que sea el perpetrador".

En tiempos de guerra, cuando la usual subordinación de las autoridades militares a las civiles se revertia, los -comisionados- militares enviados por Rosas para aprehender desertores causaban frecuentes resquemores entre los estancieros.  En 1836 se quejaba el juez de paz de Monsalvo que estos comisionados "no respetan capataces, ni peones aún cuando tengan papeletas de contrata autorizada por el Juez de Paz y Comisario del Partido, o papeleta de enrolamiento en la La queja del juez de paz remarca la violación de estos cazadores de desertores de ciertos preceptos legales (los capataces y peones con contrata y papeleta no deberían ser molestados) pero, a la vez, pone en evidencia el limitado poder territorial de los estancieros, cuyas estancias eran penetradas por estos agentes.  La fuerza de la ley, sin embargo,  dependía en mayor medida de la cooperación de estancieros, autoridades militares y vecinos que de las irrupciones violentas y las amenazas.